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Sábado 18 de Abril de 2026 |
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18/04/2026 - SOCIEDAD
La Justicia de Mar del Plata dispuso cobrarle los gastos de operativos policiales a los padres de los alumnos que realicen amenazas escolares 
La Justicia de Mar del Plata decidió que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales y los daños causados en cada caso. La disposición fue adoptada por el fiscal general Fabián Fernández Garello y ya fue instruida a los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata, que abarca los partidos de General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita. La decisión llegó tras una serie de amenazas de tiroteos que se repitieron durante la última semana en distintos establecimientos educativos de la región, siguiendo la tendencia nacional. Según fuentes judiciales, hasta el momento hubo al menos 10 episodios registrados y ya fue imputado un adolescente de 17 años por el delito de intimidación pública. Los investigadores analizan ahora el teléfono del menor para determinar si existe algún vínculo con retos virales o fenómenos similares. Fernández Garello explicó que la medida se sustenta en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de los padres por los daños provocados por sus hijos menores de edad que conviven con ellos. Según el texto legal, “los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”. El fiscal general remarcó que el objetivo de la decisión es convocar a la sensibilidad de las familias y promover el diálogo en los hogares. “Estas cuestiones hay que arrancar conversándolas en la casa”, señaló a este medio. En esa línea, agregó que se pretende que aquellos padres que no tienen mucha comunicación con sus hijos reflexionen, tomen conciencia y hablen con los chicos, sobre todo durante el fin de semana, para evitar que el ciclo escolar continúe afectado por estos episodios. “Queremos empezar el lunes de otra forma”, dijo. Además, recordó que este esquema de responsabilidad civil ya se aplicó hace algunos años ante una ola de amenazas de bomba y que en ese momento la problemática se cortó rápidamente. La preocupación por la seguidilla de amenazas llevó a que se realizaran reuniones entre autoridades judiciales, representantes de colegios municipales y el Obispado, ante casos registrados en escuelas como el Instituto Fray Mamerto Esquiú, Colegio Nuestra Señora del Camino, EMES 206, Colegio Huailen, Instituto Educativo Punta Mogotes, Instituto Nueva Pompeya, Instituto Santa Cecilia y Primaria Nº27 “Eduardo Peralta Ramos”. Hasta el momento, los casos siguen en trámite y la Justicia local no descarta nuevas imputaciones en las próximas horas. Un problema educativo federalLas amenazas de tiroteos en escuelas se extendieron a lo largo de todo el país y obligaron a las autoridades de distintas jurisdicciones a activar protocolos de emergencia, con operativos policiales, suspensiones de clases e investigaciones judiciales abiertas en varias provincias. En Mendoza, más de 50 denuncias fueron presentadas desde el miércoles. Las autoridades imputaron a un adolescente de 17 años y a su madre, luego de que el menor llevara una réplica de arma a la escuela por recomendación de la mujer. En Santa Fe, la policía detuvo este jueves a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario. Las autoridades provinciales recordaron que estos hechos no son bromas, sino delitos, y pusieron en marcha un protocolo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación. En Córdoba, ya fueron imputados ocho adolescentes por amenazas agravadas por anonimato. Las fiscalías trabajan sobre más de 100 episodios registrados en la ciudad capital y otras localidades del interior. Las intimidaciones se repiten con mensajes en baños, redes sociales y hojas dejadas en los colegios. Tucumán también enfrenta una ola de amenazas. El jefe de policía local confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos para reforzar el control en los establecimientos educativos, en medio de una caída marcada en la asistencia escolar. En La Plata, la gravedad de la situación quedó expuesta tras varios allanamientos en el colegio Emanuel, donde dos menores fueron señalados como autores de mensajes intimidatorios. Durante los operativos se incautaron armas de aire comprimido, municiones y chalecos antibala. Las amenazas también llegaron a Santiago del Estero, donde este viernes apareció una pintada con frases intimidatorias en los baños de la Escuela Normal “Manuel Belgrano”. A su vez, en la ciudad de Suncho Corral se halló un papel con advertencias de un supuesto ataque, generando alarma en toda la comunidad educativa. |
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