El documento cita normas internacionales y provinciales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fallos de la Suprema Corte bonaerense, para insistir en la excepcionalidad y revisión periódica de la prisión preventiva.

Los defensores sostienen que “el tiempo que soporta una persona en detención cautelar obliga a la judicatura a revisar si los motivos que originariamente la fundaron aún subsisten, si se ha excedido el plazo razonable y si existe la posibilidad de aplicar una medida menos gravosa”.

Sobre los riesgos procesales, aseguraron que ya no existe peligro de entorpecimiento de la causa, porque la investigación se encuentra “completamente concluida” y el debate oral “ya fue celebrado”.

Además, desde el punto de vista de la posibilidad de fuga, destacaron que Pertossi nunca recibió sanciones disciplinarias en el sistema penitenciario y que se encuentra cursando estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

En el texto presentado ante el tribunal, los abogados enfatizaron que “la continuidad de la prisión preventiva tiende a equiparar en los hechos los efectos de la medida cautelar con los de la ejecución de una pena, desnaturalizando su carácter provisional y transformándola en una restricción de la libertad personal que resulta manifiestamente desproporcionada a la luz del principio de inocencia y de la prohibición de pena anticipada”.

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En este contexto, su solicitud contempla medidas alternativas como la detención domiciliaria, el control mediante dispositivos de monitoreo electrónico, las presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, la prohibición de salida del país o la fijación de cauciones.