La población de Pinamar está a la espera de que se aplique la Ordenanza 4090/12 que deroga la Ordenanza 4087/11 que permitió el aumento del boleto de transporte público de pasajeros a cargo de la empresa Montemar S.R.L. La norma es de promulgación inmediata por tratarse de una insistencia según el Artículo 69 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el cual expresa: “El Concejo conferirá sanción definitiva a las ordenanzas vetadas por el intendente, de insistir con el voto de los dos tercios del total de sus miembros”. En teoría el viernes el Departamento Deliberativo notificó al Departamento Ejecutivo para que proceda con la debida comunicación a la empresa.

Suspicacias, este es el término más adecuado para calificar el comportamiento del ejecutivo, que tienen que ver con directrices del propio intendente municipal, y algunos concejales. En primer lugar como bien destacó la concejal Rosana Di Pascuale, el intendente Altieri que tan rápido se decidió a promulgar la primer ordenanza que autorizó el aumento, no procedió de la misma forma con la segunda ordenanza que suprime a la primera. En el segundo caso se tomó los diez días hábiles para vetarla ofreciéndole a la empresa el beneficio de un aumento que en definitiva resultó ilegal. Más allá que los tiempos legales y cierto procedimiento estén avalados por la LOM, existe algo que se llama “ética” en el proceder gubernamental y legislativo. Falta en el proceder es porque el intendente sabía muy bien que los votos para la derogación estaban. Sabía también que parte de la ciudadanía se habían movilizado no solo en contra de la implementación del boleto social sino además, en desacuerdo de la suba tarifaría. Una ciudadanía que al mejor estilo dictador se la escucha cuando conviene o se ajusta a la medida. Se la atiende en tiempos electorales arrogándose luego una representación, avalada por las urnas con un apenas 38%, y comparar finalmente este voto con un cheque en blanco para gobernar (reinar).

En los considerandos que forman parte de la argumentación del veto municipal, por Decreto 176/12, se manifiesta cierto cinismo y subestimación al pueblo pinamarense que muchas veces inmerso en la temporada no ve lo que pasa delante de sus narices. Situación que no lo exime de la responsabilidad que le cabe. El primero dice: “Que desde el año 2008 se confiere anualmente incremento en la tarifa del transporte público de pasajeros”. Como si este razonamiento sobre las costumbres fuera suficiente para aumentar un boleto que ya está subvencionado por el Gobierno Nacional y acordemos que es uno de los más caros del país. Segundo: “Que la reciente ordenanza 4087 promulgada por Decreto 2518 se introdujo contra la tradición de Pinamar…” refiriéndose al boleto social. En este párrafo si hace lugar a lo expresado por la gente y menciona que “provocó la reacción de los usuarios por encontrarlo discriminatorio y contrario a la inclusión social”. Pero dentro de esta preocupación que expresa el gobierno municipal por la inclusión social, no se tuvo en cuenta que los trabajadores con horario cortado tienen un costo de 16 pesos diarios de viáticos, que suman al mes 500 pesos sobre sueldos que apenas superan los 3000 pesos.

Son estas premisas inexplicables sobre todo  por la utilización del vocablo “tradición”. ¿A qué se referirán? Quizás, que la tradición pinamarense no permite excluidos sociales. Si es así, y el intendente está en desacuerdo con la ruptura de estas (falsas) tradiciones: ¿Por qué se esforzó en promulgar una ordenanza que defendió hasta llegar al veto? Cuando justamente en su articulado exhibe la implementación del boleto social. Que por otra parte la empresa no promocionó como lo establece la norma y el gobierno municipal no fiscalizó.

No obstante menciona también que promulgar la mutada desición de la inconsistente y contradictoria ordenanza (…) presume incumplimiento (…) y tornaría en coautor responsable del desatino administrativo al departamento Ejecutivo”. Nuevamente la ética es olvidada. Porque si establecemos desprolijidades administrativas se puede recordar las forma en que fue sancionada la primera ordenanza. En una maratónica sesión en la que los compromisos obligaban a incluirla en el orden del día cuando el fin de año acuciaba. Con un lock out por parte de la empresa que utilizó a sus trabajadores. Con un mal desempeño de los concejales oficialcitas que ni pudieron, ni supieron negociar para que tamaño atropello pasara un poco más desapercibido al menos. Y como si fuera poco con una revisión de votos oprobiosa, propiciada por el concejal Alfredo Baldini, que echó por tierra la primera votación y con ella una moción para nada despreciable, ya que le otorgaba a la empresa un aumento de cincuenta centavos y no incluía el boleto social. ¡Pero la gula pudo más!
Ahora los usuarios del transporte público deberán esperar pacientes mientras  la empresa Montemar continua recaudando mediante un beneficio tarifário que se otorgó de manera infame, como un ejemplo más de los tantos que ocurren en Pinamar.