El jueves pasado el Concejo Deliberante insistió con la Ordenanza vetada por el intendente. A la sesión extraordinaria asistieron todos los concejales menos los dos ediles del oficialismo, Hernán Muriale y Daniel Lamas. En la sesión extraordinaria del 10 enero convocada para sancionar por primera vez la derogación de la ordenanza en cuestión, también estuvieron ausentes y en esa oportunidad los acompañó en el vacío el concejal, hoy separado del bloque PJ, Alfredo Baldini. Los restantes concejales del bloque del PJ, Roberto Porretti y Alberto Germain –éste último presidente del HCD- en vista de la petición de los usuarios y los incumplimientos por parte de la empresa Montemar, decidieron rever su postura inicial y concordaron con la mayoría del cuerpo en dar macha atrás con la medida legislativa y derogarla. En cambio Alfredo Baldini después de su ausencia en la primera sesión, decidió salir sin manchas y abstenerse.  

Pinamar Info realizó diferentes crónicas de lo sucedido en las tres sesiones: la del 27 de diciembre cuando se sanciono la ordenanza que otorgó el aumento con la implementación del boleto social, la del 10 de enero cuando se derogó y las del jueves 26 de enero en la que insistió con la derogación. Es por ello que podemos señalar maniobras con doble discurso no solo por parte del Ejecutivo sino también por el concejal Alfredo Baldini.

Recordemos que Baldini fue un actor relevante en aquella última sesión en la que se aprobó el aumento. Después de un  franco dialogó con el señor Luis Calvette, propietario de la empresa, el ex presidente de HCD, acordó con el oficialismo para la revisión de la votación en un cuarto intermedio. Todo concluyó con una desprolijidad legislativa a la que nadie puede escapar.

En la última sesión el concejal Baldini decidió abstenerse pero antes de la votación justifico su abstención y el voto positivo de la Ordenanza 4090/12, hoy derogada por el HCD. En primer término enfatizó sobre la implementación del “boleto social” por primera vez en la historia de Pinamar. Dijo que apoyó la ordenanza porque también se les había dado un aumento a los taxis, repitió que “los excluidos socialmente del sistema obtenían un beneficio”. La comparación no es valida, el taxi es un transporte por elección y el colectivo es un transporte de necesidad de allí la subvención de la Nación. Por otra parte no es necesario ser un excluido para tener dificultades económicas y juntar de 8 a 16 pesos diarios que insume el transporte para ir trabajar. 

Al mismo tiempo hizo historia y destacó que “la empresa pedía  $ 4,20 que fue llevado a $4 y después se consiguió un 15% de descuento a los pasajeros asiduos”. No obstante indicó: “Sobre el incumplimiento de la empresa, los concejales tomaron la decisión de derogarla. Pero -destacó Baldini-  está pendiente del Ejecutivo sancionar la empresa por más que la hayamos promulgado o derogado –la ordenanza-, hubo un tiempo que la empresa cobró un boleto que no estaba autorizado y esto sigue pendiente. Y yo quiero una respuesta a este tema”. Mientras el concejal y ex candidato a intendente juzgaba al ejecutivo por la omisión, en una clara discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, su abstención dejó librado la sanción de la empresa al Intendente y como Pilatos se lavó las manos. Que mejor sanción que retirarle los privilegios del aumento, decisión en poder del legislativo.

Inmediatamente se refirió a los considerandos del veto y la disolución de las tradiciones mencionadas en el texto (ver aparte). Dio “la bienvenida a las rupturas con estas tradiciones y destacó la actuación del Concejo Deliberante al adaptar las normas a las necesidades de la comunidad”. Entonces, nos preguntamos cuál es el mensaje del concejal. Si bien Baldini habla en plural cuando se refiere a “este Concejo”, él es el único que conoce las necesidades de la gente. Porque si no aprueba la derogación pero tampoco el veto, se produce una incongruencia que no permite corregir los errores. En ningún momento tuvo en cuenta la posición de los usuarios que le dijeron NO la aumento y al boleto social. Cae en lo que se llama “el discurso defensivo” y de esa manera esquiva el costo de un procedimiento y por ende su decisión.