A raíz del conflicto gremial desatado entre los guardavidas y la gobierno municipal, el Concejo Deliberante decidió tomar cartas en el asunto para ello Taurizano convocó a una reunión en la que el responsable del área de Seguridad en Playa estuvo presente.

En primer lugar Taurizno explicó a los presentes  la ausencia de Espinach (ver aparte) y dijo que “lo mas lógico sería que el intendente recibiera a los guardavidas en rebeldía entre comillas”. Entre Porretti y De Marco se estableció una diferencia en torno a la normativa. Para Demarco “se está sublegislando porque hay una pirámide legislativa y que Decreto provincial 27/89 esta por encima de la ordenanza vigente”. Porretti no concordaba en absoluto con los criterios de De Marco. Muriale, agregó que la ordenanza es una “barbaridad jurídica”, ya que no se puede implementar en la práctica.

Taurizano agregó que dado que la ordenanza está en funciones, entonces debe ponerse en práctica. De Marco contesta que esta normativa le cuesta al Municipio 5 millones de pesos, aludiendo a las motos de agua entre otras cosas.

Otro tema planteado fue la cesantía de los nueve guardavidas. El Director de Seguridad en Playas explicó que de la totalidad, sólo uno tenía un legajo impecable, pero que había sido contratado como suplente de un titular que debía intervenirse quirúrgicamente. El resto, poseen sanciones reiteradas.

Fernando Ávila por su lado planteó que en las cartas de cesación no se habla de sanciones, sino de culminación de contrato.

Tanto para la prensa como para los concejales resultó llamativo que los guardavidas obtuvieran las sanciones entre 2010 y 2011 justo cuando comenzaron las protestas. Antes de ello los profesionales sancionados no registraban ninguna tipo de sanción. Entonces Muriale aclaró que los directivos se tomaron el trabajo de controlar, por eso ahora están registradas.  

Porretti preguntó: “¿qué podemos hacer nosotros para destrabar este conflicto?” De Marco respondió: “Yo puedo hablar con el Intendente, pero los pares jerárquicos son ustedes, por otro lado, yo no puedo recontratar a esta gente, que tiene sanciones reiteradas, entre las cuales están dejar el puesto de trabajo y destrucción de la propiedad pública y privada”. Además el Director de Seguridad en Playas demonizó en reiteradas oportunidades la protesta.

Antes de finalizar la reunión el debate se centró en la reglamentación del servicio de guardavidas establecidos por la Ordenanza 3980/11 y que el Ejecutivo no cumple. De Marco argumentaba en oposición al puntaje que los trabajadores municipales que quizás estudien para guardavidas no tienen las mismas posibilidades que un guardavidas experimentados o con aptitudes físicas. La explicación fue rebatida tanto por Taurizano como por Porretti quienes alegaron que eso no era así. Primero porque se le otorga por su condición  un puntaje a cada trabajador municipal que haga la carrera y que pretenda ser guardavida. Segundo fundamentaron la lógica las exigencias a la hora de acceder al cargo como en cualquier carrera donde la experiencia y las aptitudes son tenidas en cuenta. Porretti puso como ejemplo la docencia.