En una presentación realizada ante la propia Procuración, se afirma que un fiscal de Dolores habría reconocido presiones de Falbo para evitar que avancen las causas contra el intendente de Pinamar.

Fuente: Diario Hoy

La polémica procuradora bonaerense María del Carmen “La Pochi” Falbo, que es la jefa de todos los fiscales de la Provincia, vuelve a ser noticia. Una nueva denuncia, que se conoció en las últimas horas, pone de manifiesto la protección que la Procuradora estaría brindando a sectores del poder político, ejerciendo presiones y dando órdenes expresas para evitar que funcionarios del Ministerio Público avancen en investigaciones judiciales.

El escándalo tiene lugar en la Justicia de Dolores, donde se tramitan distintas denuncias contra el intendente de Pinamar, Blas Altieri. Una de ellas, la que desembocó en un escándalo, es por supuestas irregularidades en la realización de obras, con fondos otorgados por el Ministerio de Salud provincial, para ampliar el hospital comunitario de esa localidad.

Concretamente, el fiscal Cristian Centurión -que fue sancionado por Falbo- habría blanqueado públicamente que la procuradora le habría dado órdenes expresas y lo habría presionado para evitar que avancen distintas causas judiciales contra Altieri. Según pudo saber Hoy, esta situación llevó a que el abogado Lucas Ventoso, que viene denunciando al jefe comunal de Pinamar, el pasado martes realizará una presentación, ante la propia Procuración, denunciando “encubrimiento”.

“A mí me dijo el fiscal Centurión que no podía avanzar en las denuncias contra Altieri, por orden de Falbo”, afirmó Ventoso, que denunció a Altieri por los supuestos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.

El texto de la presentación es más que elocuente. Sostiene: “En una reunión a la que fui convocado, el fiscal a cargo de la investigación (por Centurión) aseguró que había sido removido intempestivamente de sus funciones al frente del ejercicio de la acción penal pública, por orden directa de Falbo, debido a que había resuelto allanar el corralón de materiales (ITAR Sacif) del intendente de Pinamar, y ordenar más procedimientos investigativos, a raíz de la declaración testimonial de un testigo de identidad reservada que trabaja en ese corralón, y que él y todos sus compañeros de trabajo vieron unas cámaras de seguridad colocadas en el interior de dicho corralón que tenían un precinto que las identificaba como “cámaras de seguridad provistas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia”.
El documento agrega: “Este mismo testigo había declarado en la causa que en el mismo corralón de materiales del intendente se depositaba parte de la arena que ITAR robaba de la playa pública, en las inmediaciones del balneario CR, y que luego el mismo intendente vendía para realizar obra pública, y citó el testigo como ejemplo la actual obra del hospital público en Pinamar, que ejecuta el propio gestor de negocios del intendente, el falso ingeniero Luis Abruzzese (se comprobó en la causa que usurpó el título de ingeniero -delito que está a punto de prescribir debido a la inacción del Ministerio Público de Dolores- para que le fuera adjudicada la obra por un monto total de $ 20 millones). Y que las excavaciones que efectuaban las topadoras de ITAR en la playa pública eran rellenadas por escombros. Lo cual yo mismo he podido corroborar”.

En la presentación de Ventoso, además, se señala que “estas explicaciones que dio el fiscal Centurión de los motivos de su desplazamiento de la causa, involucrando directamente a la procuradora Falbo como encubridora, fueron corroboradas por los testigos que estaban presentes en dicha reunión, y ello consta en la IPP 08-00-19344-11 que tramita ante la UFI nº 10 de Mar del Plata. Debo dejar aclarado que luego de ser llamado a presenciar esta reunión, que fue un día viernes a las 22,.30, el lunes próximo hice la denuncia correspondiente en la fiscalía de Pinamar”.

Se excusaron todos los fiscales

Luego del desplazamiento de Centurión, la denuncia contra Altieri pasó por todas las fiscalías de Dolores. Todos los funcionarios del Ministerio Público se excusaron, la Cámara de Apelaciones y Garantías hizo lo suyo, y quitó del medio al único actor procesal que impulsaba la causa (el particular damnificado). Así la investigación penal cayó en un limbo procesal, en donde de hecho el Estado ha renunciado a ejercer la acción penal pública.
El denunciante solicitó, ante esta situación, que se remita la causa a otro departamento judicial.

El soldado preferido de Falbo

En Dolores, como fiscal general, se desempeña quien es considerado como uno de los soldados más fieles de Falbo: Diego Escoda, quien logró quedarse con ese puesto luego de un concurso cargado de irregularidades que se llevó a cabo en el Consejo de la Magistratura bonaerense.
Allí Falbo habría ejercido presiones políticas para que Escoda formara parte de la terna.

La denuncia de Heredia

La denuncia por encubrimiento trae a colación lo sucedido en julio pasado, cuando el fiscal penal de La Plata Leandro Heredia filmó a un funcionario de la Procuración General de la Corte que conduce Falbo, quien le propuso “renunciar para evitar ir a la cárcel” tras “su segura destitución” en caso de llegar a realizarse el jury.
Heredia, que ocupa un cargo en la fiscalía descentralizada de San Vicente, presentó una denuncia ante la Corte Suprema bonaerense, en la que relató que el 28 de junio fue visitado por el funcionario judicial Pablo Oscar Farías, quien le dijo haber sido enviado por el secretario de Política Criminal de la Procuración, Homero Alonso, y el jefe de la Policía Judicial, Oscar Amorín. Esa persona “me dijo que tenía que renunciar o iba a ir a la cárcel por un pedido de juicio político elevado por la doctora Falbo”, indicó el fiscal.

“Una profecía cumplida”

En la denuncia, se señala que el fiscal Centurión “aseguró que en el Departamento Judicial de Dolores nadie iba a enjuiciar a Altieri ni a Oricchio (exdirector del Servicio Penitenciario Bonaerense), dado que tenía un importante apoyo político que lo impediría”.
“Incluso, el fiscal Centurión me adelantó en esa reunión que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores me revocaría mi constitución de particular damnificado. Circunstancia que proféticamente se cumplió un mes después en un dictamen absurdo y sin fundamentación legal que lo sustentara. Ya que se trata de denuncias por hechos de corrupción cometidos desde la función pública, y la Cámara fundó su dictamen en que el denunciante no había acreditado una lesión mayor que la de cualquier otro ciudadano por el delito denunciado”, afirma la presentación realizada ante la Procuración.
“Pero el fiscal Centurión ya lo sabía, y nunca dijo cómo ni por qué lo sabía. Y, a la luz de los hechos que luego sucedieron, las gravísimas afirmaciones del fiscal Cristian Centurión se fueron corroborando premonitoriamente una a una”, dice la denuncia.