El Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia dio la razón al abogado denunciante, Lucas Ventoso: en el marco de su investigación contra el Ejecutivo Municipal, no admite restricción para acceder a los expedientes municipales.

Por Mariana Dufour

A mediados del 2010, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Pinamar a cargo del intendente Blas Altieri recibió un esperado subsidio del Ministerio de Salud provincial para ampliar el Hospital Comunitario.

A fines del 2010, el proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante a pesar de los fuertes cuestionamientos presentados por el concejal y presidente de la Comisión de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, Gabriel Vidauli (UCR). El llamado a licitación pública se realizó en octubre (Licitación Nº 2/2010). El supuesto ingeniero, amigo y ex secretario de Turismo de Altieri, Luís Abruzzesse, fue, llamativamente, el único oferente que se presentó. Según consta en la denuncia de Ventoso, “Abruzzesse fue gestor de negocios de Altieri y de Eduardo Oricchio, asesor externo del Municipio y blanco de las sospechas de ser la tercera pata en la conformación de una asociación ilícita”. La oferta de la empresa fue de $5.475.000, ligeramente menor al presupuesto oficial ($5.588.253). La provincia ya envió más de 20 millones para esa obra.

Tanto en sesión como ante la prensa, Vidauli denunció el incumplimiento del Artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dice que corresponde “a la función deliberativa municipal reglamentar la construcción, ampliación, modificación, reparación y demolición de edificios públicos y privados, así como también sus partes accesorias”. Pero, cuando Vidauli y su asesor, el abogado Lucas Ventoso, intentaron tomar vista del expediente en la Municipalidad, los empleados les dijeron que tenían orden de no dejar verlos. Ante esta situación, los concejales Alfredo Baldini, Rafael De Vito, Araceli Pavón, Roberto Porretti y Vidauli presentaron una nota dirigida a la entonces presidenta del HCD, Rosana Di Pascuale, expresando preocupación por la aplicación de un decreto de la dictadura (Ordenanza General Administrativa 267/80). “Las más elementales normas de transparencia en el manejo de los temas políticos y la imprescindible colaboración entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo convierten a esta situación en algo muy grave”, afirmaban en la nota.
Recordemos que esta situación ya se había dado a fines de enero cuando Ventoso, “en el marco de la investigación que se está siguiendo contra el Intendente y demás funcionarios por asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, adulteración de documentación pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatible con el ejercicio de funciones públicas” fue “personalmente a la Municipalidad para solicitar vista de expedientes públicos” pero los documentos le fueron negados.

Con los expedientes, no!

Ante estas declaraciones con fuerte repercusión mediática, en marzo, Altieri, acompañado de la Asesora Letrada, María Julia Fasanella, ofreció una provocadora y memorable conferencia de prensa para dar a conocer la posición de la Asesoría General de Gobierno a cargo de Saúl Julián Arcuri. El dictamen asesora sobre la toma de vista de expedientes municipales por profesionales del Derecho. Sin embrago, Fasanella olvidó aclarar que la intervención de este Organismo es “solo una opinión más no vinculante”, sugún expresa el mismo documento. 

Negando en forma reiterada que la conferencia tuviera relación con las causas que lleva adelante Ventoso, Fasanella explicó el dictamen enviado en referencia a la aplicación de la ley 5177 en sus artículos 56 y 57. Según Fasanella, en el articulo 56 “se detalla las funciones del abogado cuando se le encomienda una causa. El artículo 57, llamado controversial, tiene dos párrafos. Un abogado en particular (en referencia a Ventoso) pretende usarlo de manera separada. Es decir, utiliza el segundo párrafo como si fuera otro artículo. El abogado sostiene que, esgrimiendo su credencial de abogado, puede ver cualquier expediente dentro de la Administración Pública, Municipal, Provincial y Nacional”. Fasanella aseguró que Ventoso nunca presentó su credencial.

Ante esta situación, Ventoso presentó una denuncia contra Altieri y Fasanella en el Colegio de Abogados por incumplimiento de la Ley de ejercicio de la profesión. Altieri y Fasanella “no pueden ignorar la Ley que dice que los abogados, con la sola presentación de la credencial, tienen acceso a la información publica porque, como abogados, son auxiliares de la Justicia”.

Vidauli dijo: “Hace mucho tiempo que esta sociedad tolera alegremente cosas que son incompatibles”. El edil consideró que, si bien el empresario “es un motor fundamental de la sociedad porque genera trabajo, el problema lo tenemos cuando éstos acceden a los puestos públicos. Y entonces tienen la doble vida de empresario y funcionario y se acomodan todo para sí. Esto es lo incompatible”, dijo. Y ejemplificó: “El intendente no puede ser socio del asesor externo municipal (Carlos Oricchio). Es una burla a la sociedad. El intendente no puede impedir a los concejales la vista a los expedientes. Eso también es una burla. Esto es, institucionalmente, muy grave”.

El si del Consejo

Finalmente, el 16 de junio, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires dio la razón a Ventoso. El Colegio envió un dictamen en el cual resuelve “responder a la Municipalidad de Pinamar en el sentido de que la norma legal (artículo 57, segunda parte, de la ley 5177) no admite restricción alguna en el caso que se plantea, sin perjuicio de que se demuestre en forma fehaciente una distorsión del ejercicio profesional, en cuyo caso existe el recaudo de una denuncia ante el Colegio al cual pertenezca el presunto transgresor”.

Ventoso explicó que “un dictamen como este viene a traer luz a toda la sombra que planteo Altieri para ocultar información pública. Información que, casualmente, comprometen al intendente en actos de corrupción denunciados. Altieri sale a vanagloriarse porque ha hecho una ampliación fantástica del hospital, a la que nadie se opone, pero eso no puede encubrir un gigantesco acto de corrupción en el que él esta detrás”.